Documentos revelan cómo New Fortress fue favorecida antes de la subasta para suplir gas a PREPA
Exclusivo por: Ray Cruz Santiago
Lo que la prensa sabe y el FBI de San Juan no quiere investigar. En marzo de 2019, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA) firmó un contrato con New Fortress Energy (NFE) para el suministro de gas natural y la conversión de las Unidades 5 y 6 de la Central de Ciclo Combinado de San Juan. Sin embargo, una serie de documentos internos, cartas oficiales y comunicaciones de 2018 revelan que este contrato podría haber sido el resultado de un proceso amañado, que favoreció a NFE desde antes de que se publicara el Request for Proposal (RFP), o requerimiento de subasta. El creador? , el testigo estrella Anthony Maceira
Cronología de eventos clave
6 de marzo de 2018
PREPA firmó un Acuerdo de Confidencialidad (CA) con NFE, autorizando el intercambio de información técnica sobre la infraestructura propuesta y las unidades generadoras. Esto ocurrió antes de que se abriera un proceso competitivo, y le otorgó a NFE acceso exclusivo a datos estratégicos y operacionales.
3 de mayo de 2018
La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, dirigida por Anthony Maceira Zayas, firmó un contrato de arrendamiento de 20 años con NFE para los muelles A y B en el Puerto de San Juan. Ese contrato le permitió a NFE iniciar trabajos y gestionar permisos para desarrollar infraestructura de gas natural mucho antes de que el RFP estuviera publicado o adjudicado.
Primavera de 2018
Mientras se preparaba el RFP para el proyecto, consultores de NFE (Black & Veatch y Mitsubishi Hitachi Power Systems - MHPS) recibieron información operacional confidencial sobre las unidades 5 y 6. En paralelo, Filsinger Energy Partners (FEP), consultor contratado por PREPA, comenzó a redactar el RFP basándose en la propuesta presentada por NFE, incluyendo el uso de barcazas para transportar gas natural licuado, una alternativa ya descartada por estudios previos (como el informe Galway).
Mayo de 2018
Varios empleados técnicos de PREPA emitieron advertencias internas sobre el conflicto de interés y la falta de equidad del proceso:
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Mary C. Zapata Acosta, Jefa de la División de Planificación y Estudios, recomendó dejar sin efecto el acuerdo con NFE y detener el flujo de información, señalando que su división no participó en el análisis ni en la preparación del RFP.
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Jaime Arturo Umpierre Montalvo, Ingeniero en Jefe de Servicios Técnicos, cuestionó directamente la falta de justificación técnica para el uso de barcazas y advirtió que no existía evidencia que sustentara que esta era la mejor opción.
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También se identificó que la Dirección de Generación tampoco participó en el desarrollo del RFP.
31 de agosto de 2018
La Autoridad de los Puertos, nuevamente bajo la firma de Anthony Maceira, emitió una carta de endoso formal a favor de NFE y sus afiliadas, en la que:
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Reconoció que NFE ya había comenzado demoliciones, mejoras y trámites ambientales en los muelles.
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Se comprometió a respaldar su participación en la subasta RFP 81412, y a facilitar cualquier permiso o autorización para su ejecución.
15 de agosto de 2018
La Comisión de Energía (PREC) emitió una orden requiriendo a PREPA que entregara documentos y análisis técnicos que justificaran el RFP. PREPA admitió que no contaba con tales análisis propios, y que el proceso había sido manejado casi en su totalidad por FEP, quien se basó en la propuesta de NFE.
5 de marzo de 2019
A pesar de todas las advertencias internas, la falta de estudios técnicos y la intervención de la Comisión de Energía, PREPA formalizó el contrato con New Fortress Energy, cerrando así un proceso que, según documentos, estuvo diseñado desde el inicio para favorecer a dicha empresa.
Trasfondo político
Según fuentes internas y externas, este esquema fue estructurado y coordinado por Anthony Maceira, entonces presidente de la Junta de Gobierno de PREPA y portavoz del Gobierno, bajo instrucciones directas del entonces gobernador Ricardo Rosselló.
Maceira habría facilitado que el proceso de subasta se ajustara a los intereses de NFE, garantizando que su propuesta se alineara con los requisitos del RFP y asegurando su adjudicación.
La relación de Ricardo Rosselló con el proceso
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En enero de 2018, Rosselló anunció un plan para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, argumentando la necesidad de transformar el sistema eléctrico tras el colapso por el huracán María.
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Esta política buscaba la venta de activos y concesiones para generación y distribución de energía.
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El contrato con New Fortress Energy se enmarcó dentro de ese proceso de privatización y modernización promovido por su administración.
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Sin embargo, la forma en que se ejecutó el proceso generó denuncias de trato preferencial, falta de transparencia e inequidad, con documentos que muestran que NFE ya tenía infraestructura, endosos y permisos antes de que se abriera la competencia formal.
¿Por qué el FBI y la Fiscalía Federal no han investigado el contrato de New Fortress?
Según fuentes confidenciales, el FBI tenía conocimiento del controversial acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y New Fortress Energy (NFE), y aún así optó por no iniciar una investigación formal.
De acuerdo con nuestras fuentes, agentes federales incluso ofrecieron un acuerdo a Anthony Maceira —exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló— a cambio de que entregara información incriminatoria contra el productor Sixto George. Esta movida sugiere que la prioridad no era investigar posibles irregularidades en la otorgación del contrato energético, sino perseguir objetivos mediáticos o políticos.
Lo más preocupante es que estos documentos han estado en manos de periodistas durante años, pero muchos medios tradicionales han optado por ignorar el caso, permitiendo que quede en la sombra uno de los esquemas más costosos y cuestionables del sistema energético de Puerto Rico.
Conclusión
Los documentos oficiales, memorandos internos, correos electrónicos y cartas de endoso muestran que New Fortress Energy fue favorecida desde antes del proceso competitivo. La información técnica que debió haber sido protegida fue compartida bajo acuerdos confidenciales, y el RFP fue adaptado a una solución que favorecía exclusivamente a NFE.
El caso representa una posible violación a los principios de competencia, transparencia y uso responsable de fondos públicos, y debe considerarse como un ejemplo de colusión institucional con intervención política directa.
