Mientras en Puerto Rico estamos más pendientes a las noticias sin importancia, hay dos casos en Estados Unidos que envÃan una advertencia clara a los grupos que utilizan el vandalismo como método de protesta. El presidente Donald Trump ha catalogado como terrorismo doméstico los ataques contra los concesionarios de Tesla, enviando un mensaje contundente a quienes destruyen propiedad privada en nombre de una causa. A su vez, la demanda contra Greenpeace, que resultó en una multa de más de $660 millones, demuestra que las corporaciones y el sistema judicial no están dispuestos a tolerar tácticas destructivas disfrazadas de activismo.
En el caso de Greenpeace, el fallo judicial en Dakota del Norte obliga a la organización ambientalista a pagar cientos de millones de dólares por su papel en las protestas contra el oleoducto Dakota Access Pipeline. La decisión marca un precedente importante, dejando claro que las acciones que afectan proyectos económicos y empresas pueden tener graves consecuencias legales y financieras.
Por otro lado, la reciente ola de protestas y actos vandálicos contra Tesla, organizadas por grupos que rechazan el papel de Elon Musk en la reducción de la fuerza laboral federal, ha llevado a Trump a endurecer su postura. La clasificación de estos ataques como terrorismo doméstico indica que el gobierno no permitirá que la destrucción de propiedad pase como simple manifestación polÃtica.
Ante estos hechos, el FBI en Puerto Rico ya no puede ignorar esta realidad. Durante años, se han llevado a cabo protestas violentas contra hoteles, paseos y comunidades, con la justificación de la libertad de expresión y la lucha ambiental. Sin embargo, si en EE.UU. estas acciones están siendo enfrentadas con medidas más severas, es solo cuestión de tiempo para que en Puerto Rico se exija la misma respuesta. Artistas, polÃticos y lÃderes independentistas que han promovido estas tácticas deben tomar en serio esta advertencia, porque las reglas del juego están cambiando.
