¿Quién Manda en el Departamento de Justicia?
La pregunta de quién realmente dirige el Departamento de Justicia en Puerto Rico debe ampliarse para analizar quién controla el gobierno en general. Aunque la respuesta oficial es clara, la historia muestra que el poder dentro de las agencias gubernamentales proviene, en muchos casos, del Senado de Puerto Rico.
Uno de los nombres clave en esta ecuación es el del senador Thomas Rivera Schatz. A través de su influencia en el Senado, ha logrado colocar contratistas y aliados en posiciones estratégicas, no necesariamente para servir en consultoría legislativa, sino para extender su control sobre diversas agencias gubernamentales. Uno de los casos más evidentes es el del secretario de Salud, Carlos Mellado, quien, según fuentes, mueve los hilos de los millones en el sector salud en beneficio de Rivera Schatz y sus allegados.
Sin embargo, el control de Rivera Schatz no se limita a agencias con grandes presupuestos. El Departamento de Justicia, aunque no maneja grandes sumas de dinero, representa una herramienta clave para quienes buscan acceso directo a investigaciones criminales, casos de drogas y otros delitos de alto perfil. Contar con fiscales leales o influenciables es una ventaja estratégica para cualquier figura política con poder.
La Transformación del Departamento de Justicia
La actual secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra, en sus declaraciones previas a asumir el cargo, sostuvo que era necesario limpiar la corrupción dentro de la agencia. Sin embargo, desde su llegada, su gestión ha sido cuestionada por decisiones que han mantenido y reforzado la influencia política dentro de la institución.
Uno de los nombramientos más controversiales ha sido el de Dilayla Padilla Vázquez como Ayudante Especial a cargo del Departamento de Justicia. Padilla Vázquez, nuera de una asesora cercana a Rivera Schatz, ocupa una posición de alto nivel a pesar de no ser abogada ni tener estudios en justicia criminal o leyes. Aun así, ejerce funciones que incluyen la asignación de fiscales en casos importantes y el acceso a información altamente confidencial.
Acceso a Información Crítica sin Controles
El puesto de Padilla Vázquez, con un salario de $11,000 mensuales, implica acceso directo a datos sensibles dentro del Departamento de Justicia, sin estar sujeta al código de ética de los abogados ni a las regulaciones que garantizan la protección de evidencia. Esto plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de la información y la integridad de los casos criminales en curso.
Entre la información a la que tiene acceso destacan:
Detalles de Investigaciones en Curso: Incluye evidencia recopilada, testimonios y estrategias de enjuiciamiento.
Identidad de Víctimas y Testigos Protegidos: Nombres, direcciones y programas de protección.
Expedientes de Acusados: Historial criminal, antecedentes médicos y declaraciones confidenciales.
Acuerdos de Colaboración: Negociaciones de culpabilidad e inmunidad de testigos.
Evidencia Sensible y Clasificada: Documentos reservados de inteligencia y pruebas obtenidas bajo orden judicial.
Estrategias de la Fiscalía: Motivos para procesar o no a ciertos individuos.
Interacciones con Agencias Federales: Comunicaciones con FBI, DEA y otras entidades.
Riesgos y Consecuencias
El acceso a esta información por parte de una persona sin preparación legal ni obligación de confidencialidad plantea serias amenazas a la justicia. La falta de regulación sobre su actuar puede comprometer investigaciones sensibles y abrir la puerta a manipulaciones políticas dentro del sistema judicial.
A medida que el control de Rivera Schatz en diversas agencias se hace más evidente, la pregunta central sigue siendo: ¿Quién manda realmente en el Departamento de Justicia y, por extensión, en el gobierno de Puerto Rico?
