Los albañiles Ramón Medina y Rolando Sarmientos son las únicas personas autorizadas a trepar la docena de viviendas que perdieron sus techos en el consejo popular Simón Bolívar tras el paso de Irma. Estamos en el municipio Yaguajay, en la provincia de Sancti Spíritus. Aquí, el gobierno está dando a los afectados por la tormenta tejas de fibrocemento para que rehagan sus viviendas. Las pueden pagar por crédito o subsidios.
Ninguno de estos dos hombres ha reparado todavía su hogar. Las autoridades ya han asignado los materiales a Rolando, cuya casa sufrió desperfectos en el techo, pero él ha preferido ceder su turno a otros. “Yo no los he cogido. Vivo solo y he ido cediéndolos a los más necesitados”, dice. “Hemos ido a todas las casas a ayudar a los vecinos”. El gobierno cobra 5,505 pesos (225 dólares) por los materiales subsidiados y su salario no le alcanza: gana 225 pesos (9 dólares) mensuales. Ha pedido un crédito para poder pagar.
Como sucede con cada tormenta que pasa, Irma ha agravado la crisis de vivienda que sufre Cuba, donde más de un 1,170,000 hogares estaban en estado regular o malo antes del huracán. Se trata del 39% del fondo habitacional existente ( estimados de otras fuentes aumentan este porcentaje hasta el 60%). En 2012, Sandy dejó unas 150,000 casas dañadas y más de 17,000 derrumbes en las provincias de Santiago de Cuba y Holguín; en 2016, Matthew afectó otras 42,338 en Guantánamo.
El estado de la vivienda es el talón de Aquiles de un país cuya eficaz gestión de los huracanes suele ser alabada. La concesión de subsidios para reparaciones es una de las medidas más importantes tomadas en la última década para tratar de paliar el problema y proteger a familias desfavorecidas, en particular a las víctimas de desastres naturales. En junio de 2017, más de 53,000 personas habían culminado reparaciones a sus viviendas gracias a los subsidios.
Sin embargo, existen varios problemas: irregularidades en el otorgamiento de los fondos, discrepancia entre el precio del material y la cantidad de las ayudas otorgadas, desabastecimiento, incumplimiento de los contratos y trabas burocráticas de las instituciones implicadas. El resultado: Las labores de construcción terminan retrasándose. En algunos casos, los edificios que no son bien reparados vuelven a derrumbarse.
El caso de Yolanda Medina y Pedro Rodríguez ilustra algunos de estos problemas. A su casa en el consejo popular Simón Bolívar de Yaguajay, en la provincia de Sancti Spíritus, entramos caminando sobre lo que fueron las paredes del portal, de la sala, de la saleta y de los dos cuartos. Los restos de concreto y madera se confundían en el suelo.
Lo primero que se veía y lo único que quedó en pie era la cocina. Lo demás había sido acondicionado para que se pudiera vivir en el lugar: un cuarto improvisado para dormir, un baño, otro cuarto donde guardar las cosas que se salvaron del huracán. Las paredes estaban hechas con las tejas y los pedazos de madera que el gobierno entregó para reparar el tejado en septiembre de 2017. Pero sin paredes, ¿dónde iban a poner el techo?
Yolanda y Pedro no evacuaron el día que las autoridades locales vinieron a buscar a las familias que habitaban en viviendas en mal estado: ambos creyeron que su casa resistiría. Al día siguiente se fueron a un refugio donde permanecieron durante cinco días.
La prensa local reportó más de 2 millones de evacuados en toda la isla y 244,000 en Sancti Spíritus. Los afectados se trasladaron fundamentalmente a casas de otras familias en mejores condiciones, pero donde viven Pedro y Yolanda simplemente no las había. Al día siguiente del ciclón, Yolanda supo que quedaba poco de su vivienda.
Si la hubiera podido reparar, como lleva intentando hacer desde hace 5 años, ésta probablemente no se hubiera caído. En 2012, pidió un subsidio al gobierno para ello, pero el proceso se acabó convirtiendo en una pesadilla burocrática. “Pagamos el dictamen técnico del arquitecto, que fueron como 250 pesos, los sellos y todo lo demás”. Primero les dijeron que la ayuda estaba aprobada. Y luego que el expediente se había perdido. No fue hasta 2016 cuando la presidenta de su Consejo Popular lo recibió en la Oficina de Atención a la Población para hablar de su caso. En el Instituto de Planificación Física le explicaron que el expediente ya había sido aprobado. “Parece que alguien cogió mi subsidio e hizo otra casa”, dice. Este tipo de desvío de recursos es común en casi todos los procesos de asignación de ayudas estatales.
Cuando Pedro pidió el subsidio, su plan era utilizarlo para reforzar las paredes, comprar persianas y puertas y hacer el piso. Varias casas aledañas que sí recibieron fondos no solo resistieron el huracán, sino que sus habitantes no tuvieron que ser evacuados: “Ahora es peor”, dice. “Ahora que el ciclón me la tumbó sí van a tener que hacer la casa”.
Fuente: Univisión
