Funcionarios del Gobierno de Donald Trump rechazaron hoy que la actual Administración sea responsable de la supuesta desaparición de más de mil inmigrantes menores de edad que fueron separados de sus padres al entrar en el país ilegalmente, según han denunciado medios locales.
De acuerdo con un artículo publicado este lunes por el diario The New York Times, la Administración ha perdido el rastro de al menos 1.475 menores que fueron separados de sus familias al solicitar asilo en la frontera con México.
En un conferencia telefónica celebrada hoy, diversos funcionarios del Ejecutivo restaron importancia a este hecho, rechazaron que los menores estén “bajo custodia” de las autoridades y aseguraron que esta situación se debe a los “vacíos legales” heredados de la Administración del expresidente Barack Obama (2009-2017).
Según explicó el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, esta separación se produce cuando los padres solicitan asilo al llegar al país, lo que implica que, mientras se estudia su caso, han de ingresar en un centro de detención al que no pueden acceder los menores.
“Debería quedar claro que cuando las autoridades ponen a los adultos bajo custodia, los menores no les pueden acompañar. Eso sería una situación sin precedentes”, argumentó Miller.
Por este motivo, explicó, se buscan familias de acogida, que en muchos casos son familiares de estos menores.
Sin embargo, representantes de diversas organizaciones humanitarias denunciaron que no se trata de un vacío legal y que es la política del actual Gobierno en relación con la inmigración lo que ha llevado a las autoridades fronterizas a separar a los menores de sus progenitores.
“Ninguna ley anterior a la Administración Trump requiere la separación familiar tal y como alega el Gobierno (…). Están buscando asilo, lo cual es un derecho, no un vacío legal”, manifestó Michelle Brané, directora del departamento de derechos de los migrantes de la organización Women’s Refugee Comission, en una conversación con la prensa.
Por su parte, Miller recalcó que, a pesar de que estos niños no están bajo custodia de las autoridades, la actual Administración procura realizar un seguimiento “voluntario” de su situación, aunque reconoció que en el 14 % de los casos no se ha podido establecer contacto con las familias de acogida.
“No existe ningún motivo para pensar que les ha pasado algo a esos niños. Si llamas a un amigo y no contesta al teléfono, no piensas que haya sido secuestrado”, opinó Miller.
anto Miller como otros funcionarios consideraron que la causa principal de esta situación es que la actual legislación impide expulsar de forma “rápida y segura” a quienes intentan acceder ilegalmente al país.
“Una nación no puede tener una política de no actuar contra cualquier persona que viaje con un menor”, justificó el portavoz del Departamento de Justicia Devin O’Malley, quien denunció, además, que la actual laxitud de la legislación genera un efecto llamada entre los inmigrantes del que se benefician las organizaciones criminales.
Respecto al problema específico de los cerca de 1,500 menores que se encuentran en paradero desconocido, los funcionarios del Gobierno explicaron que la Administración está estudiando la posibilidad de establecer un proceso de control mediante huellas dactilares de las familias de acogida.
La realidad de esta medida, denunció Jennifer Podkul, directora de Políticas Públicas de la organización Kids in Need of Defense (KIND), es que no solo establece un control de la familia de acogida sino de todas aquellas personas que residan en la vivienda, lo que puede suponer un problema en caso de que en ella residan inmigrantes ilegales.
“Esta medida solo va a aumentar la vulnerabilidad de los niños, porque o bien nadie les acogerá o serán organizaciones de tráfico de personas las que lo gestionen”, advirtió Podkul, quien aseguró que en cualquier caso, los servicios sociales ya evalúan la idoneidad de las casas de acogida.
Fuente: La Opinion.com
