Iris Acosta a veces se despierta en medio de la noche con una pesadilla.
“Sueño que estoy en Honduras y me pongo a llorar”, confiesa. “No se por qué la gente es tan injusta, no nos dejan tranquilos ni aquí ni allá”.
Su permiso de TPS, el que el gobierno de Trump extendió el pasado año por apenas seis meses, se vence el 5 de julio. Es una fecha que se le viene encima, porque hasta ahora no se sabe si habrá una extensión.
“Aquí donde trabajo me encanta como me tratan”, dice Iris, de 51 años de edad y más de 10 como doméstica en el Hotel W de Westwood. “Pero si se me acaba el permiso aquí no puedo quedarme”.
Iris es una “tepesiana” de Honduras que vino a este país en 1992 y ha estado aquí legalmente bajo la protección del programa TPS o “Estatus Temporal de Protección”.
La próxima semana, a más tardar el día 4 de mayo, el gobierno de Donald Trump anunciará si los tepesianos hondureños correrán el mismo destino de otros grupos, como haitianos, salvadoreños y nicaragüenses a quienes se suspendió el programa.
Aún así, el gobierno les dio un último período de extensión y es ese tiempo extra con el que cuentan los activistas que trabajan en Washington y en todo el país en nombre de los beneficiarios de TPS de diversos países.
“Idealmente, si cancelan el TPS para hondureños, siguiendo el patrón hasta ahora practicado por el gobierno de Donald Trump, sería con otra extensión de 18 meses”, dijo Alexandra Morales, directora de defensa del Centro para Recursos Centroamericanos (CARECEN) de Los Angeles.
“No esperamos escuchar buenas noticias la semana que viene”, agregó Morales. “Pero si aprovechamos esta oportunidad para recordarle a los tepesianos que aunque les parezca que no tienen solución, hay mucha gente que sí tiene otras formas de quedarse en este país”.
Desde que el gobierno de Trump comenzó a cancelar el programa TPS para diversos grupos, casi 300,000 personas alrededor de todo el país se enfrentan a perder eventualmente el estatus que han tenido durante años.
Los nicaragüenses, salvadoreños, haitianos y sudaneses con TPS perderán la protección del programa, que proporcionó estatus legal y permisos de trabajo luego que sus países enfrentaron catástrofes de diversa índole.
El caso de Honduras fue algo diferente, en vez de tomar una decisión, el año pasado el Departamento de Seguridad Nacional anunció que seguía considerando qué hacer con respecto a los casi 60,000 hondureños.
En ese entonces, Honduras recibió 6 meses de extensión y la esperanza de que su futuro aún no estaba decidido.
Martín Pineda, un activista con la Alianza Nacional por el TPS, dijo que la comunidad hondureña aún no ha perdido la esperanza, porque el presidente Trump mostró simpatías en el pasado por el gobierno de ese país, que pidió la extensión.
“Estamos Unidos le manda dinero a Honduras”, dijo Pineda.
No hace mucho, Honduras fue el único país de América Central que anunció su apoyo a la decisión de Trump de cambiar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalem.
Pero hace poco que Trump amenazó con retirar las ayudas a Honduras luego que se supo de una caravana migrante que partió de ese país con más de 1500 personas que se dirigían hacia Estados Unidos para pedir asilo.
