Una coalición de dieciocho fiscales generales, seis ciudades y un grupo de alcaldes de Estados Unidos demandaron a la Administración Trump para impedir que el cuestionario del Censo 2020 incluya una pregunta sobre el estado de ciudadanía por considerarla inconstitucional.
La demanda se presentó el martes pasado en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York y estuvo dirigida por el fiscal general de ese estado, Eric Schneiderman, quien explicó en rueda de prensa que la exigencia de revelar el estatus migratorio "creará un entorno de miedo" y afectará a la exactitud del recuento.
Schneiderman subrayó que exigir esa información en el cuestionario del Censo, renovado cada diez años, "amenaza" con "quitar miles de millones en fondos federales" a estados con gran concentración de inmigrantes porque se mantendrán "en la sombra" y reducirán sus niveles de participación.
Se remitió a la Cláusula de Enumeración, recogida en la Constitución, para argumentar que la acción del Gobierno impediría una "enumeración real" de la población, en la que se basa también la asignación de escaños en la Cámara de Representantes o la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.
Asimismo, recordó que en 1980 la Oficina del Censo ya rechazó agregar una pregunta sobre la ciudadanía porque pondría "en peligro la precisión" del recuento de personas que viven en el país si determinados grupos, especialmente comunidades minoritarias, perciben que la información puede ser utilizada en su contra.
"Las preguntas sobre ciudadanía son particularmente delicadas en las comunidades minoritarias e inevitablemente desencadenarán hostilidad, resentimiento y una negativa a cooperar", manifestó la Oficina entonces.
La Fiscalía de Nueva York apuntó en un comunicado que ocho exdirectores de ese organismo que habían prestado servicios bajo presidencias demócratas y republicanas reiteraron en 2009 que esa medida reduce la participación y socava el propósito del propio Censo.
Grupos de activistas inmigrantes y políticos demócratas asistieron a la rueda de prensa, entre ellos el congresista por Nueva York Jerry Nadler, quien criticó que la inclusión de la pregunta "ataca a estados con grandes poblaciones inmigrantes" y forma parte de un "patrón de comportamiento de la Administración".
En ese sentido, la también congresista Carolyn Maloney criticó que "politiza el censo en favor de un partido", ya que sus cifras "son la base de la representación y la financiación" en los estados.
Además de Schneiderman, la demanda cuenta con la participación de los fiscales generales de Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Minesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
Asimismo, la han respaldado los alcaldes de las ciudades de Nueva York, Chicago, Filadelfia, Providence, San Francisco y Seattle; y la Conferencia Bipartidista de Alcaldes de los Estados Unidos.
Una veintena de fiscales generales ya habían expresado en febrero su rechazo a la medida, que fue solicitada por el Departamento de Justicia a la Oficina del Censo a finales de 2017 y anunciada por el Departamento de Comercio hace una semana.
Justicia argumentó que exigir información sobre la ciudadanía en el formulario tenía como objetivo la adecuada aplicación de la Ley de Derechos Electorales de 1965, pero los fiscales disputaron en una misiva que tendría "el efecto contrario", recordó la Fiscalía.
La demanda presentada hoy de manera colectiva sigue a otra impulsada por el fiscal general de California, Xavier Becerra, bajo el argumento de que incluir la pregunta va "contra la ley" y tendrá consecuencias en el presupuesto y en la representación de la población, especialmente la inmigrante.
Fuente: La Opinión.com
