Activistas denunciaron la deportación exprés del veterano de guerra de origen mexicano Miguel Pérez Jr., sin posibilidades de despedirse de su familia, sin dinero y “con la ropa (que llevaba puesta) en el cuerpo”.
“Es un abuso que nunca olvidaremos”, declaró la activista y pastora Emma Lozano, quien al frente de la organización Familia Unida encabezó la defensa de Pérez y los múltiples recursos infructuosos ante Inmigración, para evitar la deportación.
Según informó Lozano, se ignora dónde se encuentra Pérez en estos momentos. Posiblemente esté en algún puesto fronterizo con México, a donde fue trasladado desde el aeropuerto O’Hare de Chicago sin que la familia o su abogado fueran informados, dijo la activista.
“A esta hora debe estar solo y sin ningún tipo de apoyo, después de que Inmigración acelerara su deportación violando todos los protocolos”, dijo Lozano.
En una carta de último momento, enviada a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen, la senadora demócrata por Illinois, Tammy Duckworth, dijo estar “alarmada” porque la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) procedió a remover del país a Pérez, a pesar de que ella presentó una ley especial en su nombre que se tramita en el Congreso.
“Ni siquiera recibió los suministros básicos de ropa y dinero para sobrevivir durante los primeros días en un lugar que no considera su país desde los ocho años de edad”, señaló.
El abogado Chris Bergen informó de que habló el viernes por última vez a las ocho de la mañana con Pérez, y desde entonces no recibió información de las autoridades sobre su paradero.
Esta semana, ICE negó el último recurso presentado en nombre de Pérez para que se anulara la deportación, y el 15 de este mes los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) le habían negado la ciudadanía retroactiva al año 2001, cuando se enroló en los servicios especiales del Ejército y fue enviado a combatir a Afganistán.
El condecorado excombatiente tenía residencia permanente en Estados Unidos pero fue deportado por el antecedente de haber cumplido una pena de siete años en una prisión estatal por tráfico de drogas.
Desde que quedó en libertad, en septiembre de 2016, ICE lo transfirió primero a un centro de detención en Wisconsin y luego a Kankakee, Illinois, como paso previo a su remoción del país.
Los activistas de la Familia Unida sostienen que la deportación pondrá en peligro la vida de Pérez, por sus problemas de salud que no serían atendidos, y por la posibilidad de que sea víctima de traficantes de droga por su condición de exmilitar.
Lozano dijo que todavía confían en la ley especial que gestiona la senadora Duckworth, para que Pérez “regrese al país y sea tratado como el héroe que es”, dijo Lozano.
“No vamos a bajar los brazos, ni a callarnos”, sostuvo la pastora de la iglesia metodista Lincoln, para quien la deportación del exsoldado es “una traición a alguien que sirvió a este país con valor durante tiempos de guerra”.
Fuente: Agencia EFE
