Parecía que no iba a llegar pero llegó. El juez federal, Claudio Bonadío, pidió el desafuero y arresto de la actual senadora, Cristina Fernández, viuda de Néstor Kirchner. La causa por «Traición a la patria», con origen en la emprendida por el difunto fiscal Alberto Nisman, explica la decisión del magistrado que considera, a la expresidenta, la cabecilla de una organización criminal destinada a encubrir a los autores del atentado a la AMIA (mutual israelí).
Bonadío ordenó algo parecido a una redada sobre algunos de los excolaboradores y ministros de la mujer que más poder concentró en la historia de Argentina. Los ahora procesado y entre rejas son: Carlos Zannini, exsecretario Legal y Técnico de los tres Gobiernos del matrimonio Kirchner, Luis D´Elía, ex piquetero y subsecretario de Tierras para el Habitat Social y Yussuf Khalil, presunto agente iraní e intermediario con el Gobierno de Teherán . El único que permanecía prófugo, aunque anunció que se entregaría a lo largo del día, era Fernando Esteche, exlider de Quebracho, organización de intereses oscuros especialista en agitación callejera. El exministro de Asuntos Exteriores, Ernesto Timerman, quedó bajo arresto domiciliario dado su delicado estado de salud. Procesados, con prohibición de salir de Argentina pero libres, quedaron el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli; la exprocuradora del Tesoro, Angelina Abbona; y el diputado Andrés, alías «el cuervo», Larroque. A todos ellos, el juez los considera partícipes, en mayor o menor medida, del llamado Memorandum de Entendimiento con Irán cuyo objetivo -primero y final- sería conceder impunidad a los autores iraníes del atentado que, en 1984, dejó un saldo de 86 muertos y decenas de heridos. La contraprestación del por entonces Gobierno de Mahmud Ahmadineyad sería un intercambio de favores y beneficios económicos para Argentina.
La detención de Zannini fue la primera. Bonadío lo tenía todo dispuesto para que los arrestos se realizaran en simultáneo. La operación, cronometrada para las siete de la mañana, se vio alterada por la decisión imprevista de Zannini, mano derecha durante décadas del matrimonio Kirchner, de salir de madrugada de su casa de Río Gallegos (provincia patagónica de Santa Cruz). En ese momento, el exsecretario Legal y Técnico de los tres Gobiernos kirchneristas, fue interceptado y detenido. Si alguien le avisó del «operativo» o fue iniciativa suya salir de noche (en torno a las dos) sigue siendo un misterio. Su misma suerte la corrieron, posteriormente, el resto de los detenidos mencionados.
Convulsionada Argentina con la noticia, la mayor sacudida, quizás, la produjo la petición del desafuero para su arresto, de la hoy senadora, Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidenta está blindada por los fueros así que dependerá de la Cámara Alta que cumpla con la justicia o no. Federico Pinedo, titular del Senado, aseguró: «Vamos a estudiar el pedido de desafuero seriamente». Bonadío, como en su día Nisman, la considera presunta cabecilla de la red criminal que pretendía hacer borrón y cuenta nueva, con los responsables del mayor atentado cometido contra la colectividad israelí desde la segunda mundial.
Mazazo para Kirchner
La detención de Zannini es la primera de un exministro o alto cargo de la triple Administración Kirchnerista (2003-2016) que no está directamente relacionada con corrupción por motivos económicos personales. El arresto del hombre que acompañó a Néstor y Cristina Kirchner desde hace décadas y en el que confía sin fisuras Máximo Kirchner, supuso un mazazo descomunal para la expresidenta, en lista de espera para entrar en el calabozo. La caída de «el chino», como se conoce al «monje negro» del kirchnerismo hasta que se presentó como candidato a vicepresidente de Daniel Scioli (por orden de «Cristina») y el efecto dominó con el resto de los acusados, precipita o supone un gran impulso a la causa de Nisman. El fiscal quería llegar hasta las últimas consecuencias, en una investigación por la que, de forma directa o indirecta, perdió la vida hace casi tres años, el 18 de enero del 2015. Tanto si le asesinaron, como asegura el último informe de la Gendarmería, como si fue víctima de un suicidio inducido, hipótesis sostenida originalmente.
La causa de Nisman, tras su muerte, rebotó en diferentes instancias hasta que, con Mauricio Macri en la presidencia, la Justicia la reabrió.El juez federal, Daniel Rafecas, la había archivado. Ironías del destino, el magistrado comparece estos días ante el Consejo de la Magistratura (equivalente al Consejo General del Poder Judicial) en un juicio político donde, entre otras cosas, deberá explicar por qué actuó como lo hizo en el caso del Memorándun de Entendimiento con Irán. Dicho de otro modo, porque metió en un cajón lo que el mundo quería ver.
