La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en Pasadena, California, comenzó el martes a dirimir la batalla legal entre beneficiarios de la Acción Diferida (DACA) y el Gobierno federal y que podría ser crucial en el futuro de este amparo migratorio.
La Administración del presidente Donald Trump intentó convencer a los magistrados de que el gobierno eliminó el programa por ser ilegal y que los tribunales no tienen la autoridad para revisar esta decisión.
Hashim M. Mooppan, abogado que representa a la Administración del gobierno estadounidense, reafirmó a los jueces la posición del ejecutivo sobre la ilegalidad del beneficio migratorio que ampara a casi 700,000 jóvenes, y reiteró que “DACA está en violación de las leyes federales de inmigración y que por esta razón la Administración se deshizo del programa”.
En medio de la arremetida contra DACA, la jueza Kim McLane Wardlaw, primera mujer de origen hispano en ser nombrada en el alto tribunal, emplazó al abogado del gobierno al cuestionar los argumentos de que los tribunales no pueden decidir sobre la cancelación de DACA.
“Si la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones pudo revisar el beneficio de DAPA (Acción Diferida para Padres de Ciudadanos y Residentes Permanentes de Estados Unidos), por qué el tribunal no puede revisar DACA”, insistió la jueza.
El abogado Luis Cortés, que forma parte del equipo de abogados que asesora al grupo de seis “soñadores” demandantes, dijo que el gobierno está intentando por todos los medios quitarle la legitimidad a las demandas. No obstante, ya habían acudido a la Corte Suprema de Justicia para que ésta emitiera un veredicto.
En febrero pasado, el Departamento de Justicia presentó un recurso ante el alto Tribunal Supremo directamente y sin esperar la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, generalmente calificada como “liberal”.
Sin embargo, el Supremo rechazó la solicitud e instó al Noveno Circuito a proceder “rápidamente para decidir en este caso”.
Los demandantes, entre los que se encuentran el Estado de California, los regentes de la Universidad de California y un grupo de seis “soñadores”, no se quedaron atrás en sus argumentos.
Los abogados Michael Morgan, Jeffrey Davidson y Mark Rosenbaum expusieron por más de media hora las razones por las que el gobierno violó sus propias reglas al rescindir DACA, un programa que solucionó el estatus de los denominados “soñadores” con su promulgación en 2012 por el entonces presidente Barack Obama.
“Con esta decisión (de cancelar DACA) el gobierno está negando (…) el derecho al debido proceso, como si pudieran desecharlos”, expuso a los jueces Rosenbaum.
En su argumentación, el letrado explicó que, bajo DACA, el gobierno le indicó a los jóvenes que si les otorgaba el beneficio podrían renovarlo, y que nunca les advirtió que después de dos años les iba a quitar el amparo.
Dulce García, una de los seis “soñadoras” que entabló la demanda contra el gobierno de Trump, expresó a Efe que está convencida de que su lucha es verdadera, y también que la Administración no está respetando la institucionalidad y el compromiso que el país adquirió con los “soñadores”.
“Vamos a llegar hasta las últimas instancias. Le pedimos al Noveno Circuito que apoye la decisión del juez y mantenga las renovaciones”, expuso.
“Mientras esperamos, seguimos insistiendo al Congreso, pues son ellos quienes al final tienen la última palabra y pueden arreglar esta situación”, dijo García, quien se manifestó junto a decenas de “soñadores” y activistas frente a la corte mientras se realizaba la audiencia.
Tras una hora y media de argumentos, el panel de jueces dio por terminada la sesión. No existe un tiempo reglamentario para que la corte entregue su decisión.
El gobierno de Trump apeló la decisión del juez federal William Alsup, quien ordenó restablecer las renovaciones de DACA en enero pasado, mientras evalúa cinco demandas entabladas contra la Administración por poner fin al amparo.
Fuente: Agencia EFE
