En una clara victoria para los “Dreamers”, el Tribunal Supremo rechazó este lunes escuchar la apelación de la Administración Trump sobre un fallo a favor de DACA, dejando en pie la renovación de permisos más allá del próximo 5 de marzo.
La máxima corte del país llevaba varias semanas discutiendo a puerta cerrada cómo responder a una inusitada apelación de la Administración Trump para que se pronunciara de forma expedita sobre un fallo judicial en California el mes pasado que exigió continuar la renovación de permisos bajo el programa de Acción Diferida (DACA) de 2012.
Sin mucho detalle, el Tribunal Supremo explicó que “se supone que el tribunal de apelaciones actuará de forma expedita para decidir este caso”.
La esperada decisión de los nueve magistrados no sorprendió en círculos jurídicos debido a que en el pasado el Tribunal Supremo ha respondido a peticiones expeditas del gobierno sólo en un puñado casos excepcionales o una emergencia nacional.
El Tribunal Supremo tenía ante sí un abanico de posibilidades respecto a DACA, y aún si aceptaba a trámite la apelación del Departamento de Justicia, lo más probable es que la decisión final hubiese salido en junio próximo, o en su próxima sesión.
En declaraciones a la prensa, un portavoz del Departamento de Justicia, Devin O´Malley, dijo que aunque esperaba un resultado distinto, el Tribunal Supremo raras veces emite un fallo antes de que se pronuncie una corte de apelaciones.
Sin embargo, insistió en que la Administración continuará defendiendo “la autoridad legal” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de desmantelar DACA “de forma ordenada”.
Mientras tanto, al inicio de una reunión con gobernadores sobre la violencia de las armas, el presidente Donald Trump nuevamente ridiculizó al Noveno Circuito de Apelaciones, que en el pasado ha emitido fallos favorables a los inmigrantes.
“Veremos qué pasará. Esa es mi actitud”, dijo Trump.
Poco antes, un portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah, emitió una declaración en la que condenó el fallo del tribunal en California y dejó entrever que la Administración podría regresar al Tribunal Supremo.
“El programa DACA –que provee permisos de trabajo y un sinnúmero de beneficios del gobierno en masa para inmigrantes ilegales- es claramente ilegal”, y el fallo que permitió su reactivación “es una usurpación de autoridad legislativa”, argumentó Shah, repitiendo una falsa premisa de grupos ultraconservadores.
Según Shah, el fallo en cuestión, emitido mientras el Congreso debate el futuro del programa, deja en claro que el juez “intervino imprudentemente en el proceso legislativo”.
“Esperamos que este caso se escuche de forma expedita por el tribunal de apelaciones y, de ser necesario, ante el Tribunal Supremo, donde esperamos prevalecer plenamente”, aseguró Shah, hijo de inmigrantes.
Un sendero inusitado
El caso llegó hasta el Tribunal Supremo porque la Administración Trump impugnó el dictamen del juez federal William Alsup, en San Francisco (California), que el pasado 9 de enero condenó la forma en que ésta desmanteló DACA el pasado 5 de septiembre.
Ese fallo preliminar, en respuesta a una demanda colectiva liderada por California, no determinó la legalidad del programa pero sí exigió que la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) reactivara DACA, pero sólo para la renovación de permisos para unos 690,000 jóvenes indocumentados aún amparados al programa.
Dentro del proceso jurídico normal, el Noveno Circuito de Apelaciones era el que debía pronunciarse primero sobre el caso, pero la Administración Trump se saltó a la corte, de tendencia progresista.
Aunque el caso debe ahora seguir su curso normal por el sistema judicial, la decisión del Tribunal Supremo da un respiro a los Dreamers, porque para efectos prácticos elimina la “fecha de vencimiento” de marzo.
En todo caso, era un plazo artificial porque ya antes del fallo de Alsup, las protecciones de DACA se mantienen en pie para los jóvenes indocumentados hasta que venzan sus permisos.
De esta forma, los Dreamers ya acogidos al programa implementado por la Administración Trump podrán continuar renovando sus permisos de dos años, que les permite trabajar, estudiar, o inscribirse en las Fuerzas Armadas.
Otro fallo judicial reciente, del juez federal Nicholas Garaufis, en Brooklyn (Nueva York), también exigió la continuidad de DACA para la renovación de permisos.
Reacciones de alivio
A la espera de que el Congreso dé una solución permanente para los “Dreamers”, la decisión de hoy suscitó elogios de la fiscalía de California y grupos pro-inmigrantes en todo el país.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, el fiscal general de California, Xavier Becerra, aplaudió que el Tribunal Supremo haya rechazado que la Administración se salte el proceso jurídico normal y permita que el Noveno Circuito se pronuncie sobre el caso.
Becerra dijo que la decisión es una “victoria” para los Dreamers -una cuarta parte de los cuales viven en California-, para la economía y para el imperio de la ley.
DACA “es plenamente legal” y los esfuerzos de la Administración por desmantelarlo “fueron plenamente ilegales”, argumentó Becerra.
La demanda de California contra la eliminación de DACA incluye a las fiscalías de Maine, Maryland y Minnesota, así como la Universidad de California, varios Dreamers y otras entidades.
Líderes demócratas y grupos pro-inmigrantes en todo EEUU, como CHIRLA, “United We Dream” (UWD), el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC) “CASA de Maryland”, y el “Movimiento por una Reforma Migratoria Justa” (FIRM), han liderado la lucha por los Dreamers y hoy aplaudieron la decisión del Tribunal Supremo.
Impacto inmediato y más protestas
Marielena Hincapié, directora ejecutiva de NILC, afirmó que, como mínimo, la decisión del Tribunal Supremo da una “ventana temporal” para que los Dreamers continúen renovando sus permisos mientras el Noveno Circuito de Apelaciones y otros tribunales continúan el proceso de revisión de DACA.
Los recientes fallos judiciales de Alsup y Garaufis no aplican para Dreamers que jamás solicitaron protección bajo DACA, precisó.
Fuente: La Opinión.com