La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la aprobación de un reciente decreto oficial de Evo Morales, presidente de Bolivia, que obliga a todos los medios de comunicación a difundir de manera gratuita mensajes del gobierno, sin distinguir entre empresa públicas y privadas.
El presidente Morales promulgó la semana pasada el decreto sobre la difusión obligatoria de campañas en los medios de comunicación contra la violencia a menores de edad. La medida impone que las televisoras difundan mensajes del Ministerio de Justicia de manera gratuita durante 15 minutos al mes, las emisoras por 25 minutos y los diarios publiquen una página al mes.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, director de La República de Lima, Perú, recalcó que "si bien el propósito del decreto aparenta tener buenas intenciones y fines, imponer qué y cuándo se difunde un mensaje es entrometerse en el manejo de las empresas privadas, cuyas estrategias editoriales y económicas no deben ser influenciadas por medidas autoritarias. El Estado tiene a su disposición los medios públicos para divulgar sus políticas sociales".
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que "la salud económica de los medios es una condición indispensable en la que se basa la libertad de prensa y que toda empresa privada tiene el derecho constitucional a ser retribuida por los servicios que presta". Rock, director La Silla Rota de México, dijo que el entramado de esta nueva medida de Morales dirigida a los medios de comunicación para apuntalar su plataforma política, es una nueva forma de presión".
Mohme y Rock se hicieron eco de varias denuncias de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que obedecerían a represalias del gobierno nacional por la publicación de investigaciones sobre corrupción que tendrían relación con el hecho de que varias empresas editoriales están siendo periódicamente inspeccionadas por oficiales de la agencia tributaria y que en el gobierno se discuten medidas económicas y un impuesto extraordinario que solo afectaría a los medios de comunicación.
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