Con la llegada de una gran cantidad de venezolanos que huyen de la crisis económica y social del país, Colombia se ha visto presionada para controlar la migración venezolana, alertó la Revista Semana en su edición de ayer domingo.
¿Como enfrentar la situación? Ha sido una de las interrogantes que le han planteado al presidente colombiano Juan Manuel Santos, por lo que creó en agosto de 2016 la Tarjeta de Movilidad Fronteriza para facilitar su tránsito. En 2017 el promedio era de 37.000 venezolanos entrando diariamente bajo esta modalidad, pero solo 35.000 regresaron al territorio venezolano.
El fenómeno no es nuevo, pero desde hace unos meses, por la magnitud de la migración y el drama humano de los desplazados, se convirtió en un problema de seguridad nacional. Aunque las cifras oficiales de Migración Colombia hablan de 550.000, las oenegés mencionan a más de un millón de venezolanos. Los hospitales están desbordados, los cambuches aparecen en calles y plazas de las ciudades fronterizas, la demanda de cupos escolares para niños venezolanos no da abasto y la criminalidad se ha disparado en varios municipios.
A diario, por los puestos fronterizos y por las más de 280 trochas que atraviesan los 2.219 kilómetros de los límites con el vecino país, miles y miles de personas cruzan, ya no solo para buscar alimentos, medicinas y bienes básicos, sino para quedarse. No les importa lo que tengan que sufrir con tal de irse de Venezuela. Solo el año pasado, 37.000 venezolanos cruzaron al día los puestos oficiales con la Tarjeta de Movilidad Fronteriza y se estima que alrededor de 2.000 no regresaron. Y con pasaporte entraron 796.000, de los cuales solo 276.000 volvieron a Venezuela.
El año pasado, el flujo creció a tal punto que ya se convirtió en un éxodo. La dimensión de lo que está pasando en las calles y plazas de Riohacha, Maicao, Cúcuta, Arauca, Puerto Carreño y, de manera creciente, en pueblos y ciudades del interior se está convirtiendo en el mayor drama humanitario que ha vivido el país después del desplazamiento interno ocurrido durante los 50 años de conflicto armado.
Las medidas anunciadas en Cúcuta por el presidente Juan Manuel Santos buscan tener un mayor control sobre la frontera, hacer más ordenado el arribo de las personas, empadronar a los venezolanos y construir por primera vez un gran campamento humanitario en territorio nacional. Y deja en evidencia que se trata de un fenómeno que amenaza no solo la economía, la salud y la educación, sino la seguridad del país.
Por su dimensión, el Estado y la sociedad colombiana se van a poner a prueba porque la mayoría de quienes llegaron –y los que van a llegar– lo hicieron para quedarse. Un tema que saltará al primer lugar de la campaña presidencial que apenas comienza.
Los alcaldes y gobernadores han sentido con más fuerza esta última oleada, y en las últimas semanas empezaron a hacerle llamados urgentes al gobierno nacional por la forma como los migrantes desbordan los servicios sociales, invaden calles y parques, inundan el comercio informal y protagonizan actos delincuenciales. De hecho, el lunes pasado el presidente Santos se reunió con los mandatarios de las zonas de frontera para socializar el plan que el alto gobierno venía diseñando.
Fuente: El Pitazo.com
