Una coalición de 19 estados liderada por California instó este lunes al secretario de Comercio, Wilbur Ross, a que no incluya en el Censo de 2020 una pregunta sobre ciudadanía, como ha pedido la Administración Trump, porque eso violaría varios estatutos federales.
La Oficina del Censo, que llevará a cabo el esfuerzo de enumeración de 2020, depende del Departamento de Comercio, que está bajo presiones de la Administración de resucitar en su formulario poblacional una pregunta sobre la ciudadanía de las personas, que no ha sido incluida desde 1950.
Los resultados del censo decenial se utilizan para determinar el desembolso de $670,000 millones de fondos federales para un amplio abanico de programas locales, estatales y federales, y para la demarcación de distritos electorales, que a su vez determinan la representación en el Congreso.
En una carta enviada a Ross, la coalición de fiscales generales demócratas e independientes advirtió de que la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía no sólo no es clave para el cumplimiento del “Acta del Derecho al Voto” de 1965 (“Voting Rights Act”), como argumenta el Departamento de Justicia, sino que violaría varios estatutos federales y las obligaciones constitucionales del Departamento de Comercio.
“Lo que está solicitando la Administración Trump no sólo es alarmante, sino también ilegal. La Constitución requiere que cada diez años, contemos con precisión a toda persona en nuestro país, sin importar su estatus de ciudadanía”, indicó Becerra en un comunicado.
Bajo los estatutos actuales, la Oficina del Censo tiene hasta el próximo 31 de marzo para entregar al Congreso la versión final del cuestionario para el censo de 2020.
El pasado 12 de diciembre, el abogado principal de la división de gestión del Departamento de Justicia, Arthur E. Gary, solicitó al director interino del Censo, Ron Jarmin, la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía, argumentando que es necesaria para proteger el derecho al voto de los estadounidenses.
El Departamento de Justicia “necesita un cálculo fiable de la población ciudadana con derecho al voto en localidades donde se sospechan o se alegan violaciones al derecho al voto”, explicó Gary.
“El cuestionario sobre el censo decenial es el vehículo más apropiado para recabar estos datos, y el restablecimiento de la pregunta sobre la ciudadanía será la mejor forma de ayudar al Departamento a proteger el derecho al voto de todos los ciudadanos estadounidenses”, argumentó el funcionario.
Gary señaló que entre 1970 y 2000, la Oficina del Censo incluyó una pregunta sobre ciudadanía en los formularios largos que envió a uno de cada seis hogares en EEUU para cada censo decenial, y el Departamento de Justicia presuntamente usó esos datos para evaluar el cumplimiento de las protecciones contra la discriminación en las urnas.
Pero lo que no dijo Gary es que esos formularios estaban dirigidos a una muestra muy pequeña y no para toda la población general, como ahora quiere el Departamento de Justicia.
La Oficina del Censo descontinuó los cuestionarios largos tras el censo de 2000, y los reemplazó con el Sondeo Comunitario Estadounidense (“American Community Survey”), que se envía a una muestra menor, de uno de cada 38 hogares. La agencia eliminó la pregunta sobre ciudadanía a partir del censo de 2010.
Según observadores, hay otras maneras que el Departamento de Justicia puede explorar formas de hacer cumplir el derecho al voto, que aparentemente no ha querido hacer. La inclusión de la pregunta podría restar poder político a ciudades con grandes poblaciones inmigrantes, y dar más poder a zonas rurales donde los republicanos tendrían más influencia en la demarcación de distritos electorales.
La misiva de hoy está firmada por 19 fiscales generales demócratas, incluyendo los de California, Xavier Becerra, del Nueva York, Eric Schneiderman, y de Massachusetts, Maura Healey.
Becerra lanzó una advertencia del Departamento de Justicia de California a la Administración Trump: si el gobierno añade una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020, la agencia tomará todas las medidas legales necesarias para “proteger un censo pleno y preciso”.
Becerra afirmó que el gobierno sólo busca acosar y desalentar la participación de las comunidades inmigrantes en el censo de 2020, e hizo un llamado para que el Congreso financie los preparativos para ese ejercicio poblacional.
En ese sentido, el secretario de Estado de California, Alex Padilla, señaló que la Administración Trump no ha proporcionado ni los fondos ni el personal en niveles adecuados para la realización del censo, y la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía serviría para minar el conteo de la población inmigrante.
Si por motivo de esa pregunta los inmigrantes no participan en el censo, eso supondría un conteo menor e impreciso de la población en California, lo que podría costarle una representación justa en el Congreso y miles de millones de dólares en fondos federales en la próxima década, advirtió Padilla.
Entre los demás fiscales generales que firmaron la carta figuran los de Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Mississippi, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, y Washington. También la firmaron el fiscal general de la capital estadounidense y el gobernador de Colorado.
Fuente: La Opinión
