La decisión de un panel de tres jueces la semana pasada, que apenas fue percibida, es la primera de su tipo en la Corte de Apelaciones en Kansas y fija un estándar legal para la excarcelación antes de juicios de inmigrantes en causas penales, en un territorio que incluye Oklahoma, Kansas, Nuevo México, Colorado, Wyoming y Utah.
La corte hizo notar que la Ley de Reforma de Fianzas requiere que los jueces decidan la detención previa a un juicio de inmigrantes sujetos a deportación "caso por caso" y considerando varios factores para determinar el riesgo de que el inmigrante pueda huir. Al hacerlo, los jueces no pueden considerar la posibilidad de deportación, dijo el panel.
En el centro del caso está si un acusado puede ser considerado riesgo de fuga solamente porque el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) ha presentado un llamado "detainer", que es esencialmente una notificación en la que se solicita al Servicio de Alguaciles Federales (USMS por sus siglas en inglés) que se pongan en contacto con ICE antes de excarcelar a una persona.
"No queremos hacer un análisis generalizado de la gente y eso es lo que tenemos. El ‘detainer’ de ICE se ha convertido en el estigma de los acusados y no debería ser así, dijo Michael Sharma-Crawford, un abogado de inmigración en Kansas City, Misuri, que no está involucrado en el caso. "El carácter del acusado es lo que todo el mundo debería estar examinando".
Dijo que el fallo de la semana pasada es "profundo", toda vez que las cortes no pueden considerar más a un inmigrante como riesgo de fuga simplemente porque ICE ha emitido un pedido.
La decisión de la corte de apelaciones se produjo en el caso de Mario Ailon, un ciudadano guatemalteco que había vivido ilegalmente en Dodge City, Kansas, por al menos siete años, antes de su arresto en julio. ICE refirió el asunto al Departamento de Justicia para procesamiento penal tras determinar que Ailon había reingresado a Estados Unidos ilegalmente tras ser deportado en el 2001. Está acusado por ese reingreso y enfrenta deportación, uso inapropiado de un número de Seguro Social, hacer declaraciones falsas al gobierno federal y robo de identidad agravado.
