Un respiro momentáneo se logró para ayudar a los puertorriqueños cuyos cupones de asistencia federal para la vivienda vencían a la medianoche del domingo pasado. El grupo de derechos civiles LatinoJustice PRLDEF entabló una demanda para no desalojar de los hoteles a los desplazados y en el último momento un juez ordenó a funcionarios federales de emergencia extender los cupones para alojamiento por unos días más y pagar los hoteles de casi 1,700 puertorriqueños evacuados por el huracán María.
“En este caso, solamente se han dado 10 meses de asistencia a las familias que vinieron después del desastre en Puerto Rico. Lo que nosotros queremos es justicia, porque hemos visto que en otros desastres, las familias han recibido por lo menos 26 meses de asistencia para vivienda. Queremos que a nuestras familias se les trate igual”, comentó a La Prensa Kira Romero, abogada de LatinoJustice PRLDEF, quien agregó que si extienden la ayuda tendrían más tiempo para encontrar una solución permanente al problema de la vivienda económica.
Según la orden del juez de distrito de Estados Unidos Leo Sorokin de Massachusetts, la finalización del programa agotaría otros recursos públicos. También dice que la evidencia muestra problemas en los esfuerzos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para notificar y proporcionar ayuda de transición a los desplazados de los huracanes. La orden dice que la agencia no puede finalizar su programa de Asistencia de Refugio Transitorio (TSA) hasta al menos el 4 de julio.
Sin embargo LatinoJustice PRLDEF está presionando para que la ayuda se extienda hasta totalizar 26 meses. Romero junto con representantes de varias organizaciones, entre ellas Vamos4PR, se pasaron toda la mañana del domingo gestionando documentos y se comunicaron con funcionarios de FEMA para notificar a los hoteles que amplíen la ayuda hasta el 5 de julio para cumplir con la orden. Una portavoz también dijo que la agencia estaba extendiendo la ayuda de transporte hasta el 30 de agosto para cubrir los costos de viaje de las familias que desean regresar a la isla.
“FEMA se estaba rehusando a cumplir la orden judicial para dejarnos en los hoteles hasta el 5 de julio. El hotel no tenía idea de que FEMA había extendido el tiempo”, dijo Bestzaida Crespo, una de las ocho demandantes, que se hospeda en un hotel de Kissimmee. Ella junto con su esposo y sus dos hijos no han podido encontrar un apartamento o casa de renta económica.
Ocho personas presentaron una demanda colectiva alegando acción ilegal por parte de FEMA en Massachusetts, que tiene el mayor número de familias evacuadas que buscan ayuda federal después de Florida y Puerto Rico. Muchos de los demandantes cuentan historias de que sus residencias fueron destruidas en la isla y que sus condiciones de salud no les permiten regresar.
Crespo junto con otras familias han tenido que pasar un viacrucis buscando que las ayuden. Por tres días acamparon en carpas frente al hotel Gaylord Palms en Kissimmee, donde se llevó a cabo la cumbre republicana Sunshine. Su esperanza era que Rick Scott, gobernador de Florida y quien acudió al primer día del evento, los escuchara y ayudara con la vivienda. También esperaban que alguno de los invitados puertorriqueños que asistieron al panel ‘Raising Puerto Rico’ les hiciera caso. Pero nadie los atendió.
Adrián Vega, de 81 años, vive en un hotel del programa TSA en Orlando, Florida. Él fue de las personas que se plantaron con carpas frente a la convención republicana. Su casa en Bayamón, Puerto Rico, fue dañada porque le cayeron árboles encima y tenía mucho hongo. No quiere regresar a la isla porque la salud de él y la de su esposa está bien atendida aquí. Él tiene marcapasos, sufre de diabetes y asma. Llegó con su esposa en diciembre y no han podido encontrar una vivienda permanente.
Mientras, funcionarios electos como Teresa Jacobs, alcaldesa del Condado de Orange, han empezado a presionar a FEMA. Ella pidió que se provea asistencia inmediata a las familias “caso por caso”, citando que el estado tiene escasez de viviendas de renta asequible.
El senador demócrata de Florida Bill Nelson dijo en un comunicado el fin de semana que FEMA debe extender el programa bajo la ley actual, tal como lo hizo hace más de una década después de que el huracán Katrina causó que miles evacuaran los estados de Luisiana y Texas. Nelson y otros demócratas de Florida dicen que la isla sigue muy devastada como para devolver a los evacuados que permanecen en el continente, además de hay pocos trabajos en la isla.
Esta semana, los abogados de LatinoJustice PRLDEF tienen audiencia para ver si la orden de judicial puede extenderse y quieren que el programa TSA provea más tiempo para lograr que las familias que perdieron todo tengan oportunidad de solicitar en otros programas y recibir los beneficios de otros recursos para obtener vivienda permanente.
Fuente: La Prensa (Florida)/Roxana de La Riva
