El Tribunal Supremo avaló este martes la veda musulmana impuesta por el presidente Donald Trump, en las postrimerías de su sesión y en medio de una creciente polarización en el país sobre si los inmigrantes son una amenaza para la seguridad nacional.
En una opinión aprobada 5-4, el presidente del Tribunal, John Roberts, determinó que esta restricción de inmigración de Trump cabe dentro de su “autoridad ejecutiva” para reforzar la seguridad nacional, y fue respaldado por el resto de los jueces conservadores, Anthony Kennedy, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch.
El tribunal rechazó que la prohibición migratoria obedecía a una hostilidad religiosa, y no tomó en cuenta la retórica incendiaria que usó Trump durante y desde la contienda electoral de 2016.
Roberts rechazó en particular las comparaciones con un dictamen de 1944 que avaló el encierro de japoneses-estadounidenses en “campos de concentración” durante la Segunda Guerra Mundial. A su juicio, este caso es distinto a esa “orden moralmente repugnante” del caso “Korematsu” porque aunque no se está discriminando por raza es una “política neutral que deniega a ciertos extranjeros el privilegio de ingreso” a EEUU.
La “veda musulmana”, en su tercera versión emitida en septiembre pasado tras sendas derrotas a los primeros dos intentos, prohíbe la entrada al país de la mayoría de inmigrantes de Irán, Libia, Somalia, Siria y el Yemen. Chad fue eliminado de la lista al mejorar sus medidas de seguridad, mientras que las restricciones solo aplican a ciertos funcionarios de los gobiernos de Corea del Norte y Venezuela
En tono triunfalista, el presidente Donald Trump dio la bienvenida al dictamen en el caso “Trump v. Hawaii” con un mensaje en mayúsculas y un simple “wow”.
Más adelante, dijo que el dictamen es una “profunda reivindicación” de su política para proteger al país, pese a las reacciones “histéricas” de la prensa y los legisladores demócratas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se sumó a la celebración de la Administración al señalar que el gobierno tiene la obligación de impedir la entrada a personas que puedan causar daño al país, y que “terroristas y otros actores malévolos” en el pasado han aprovechado el sistema migratorio.
Las acciones ejecutivas de Trump “permiten la debida revisión y establecimiento de normas para prevenir la infiltración terrorista o criminal de extranjeros”, y el dictamen “confirmó la legalidad” de estas medidas, argumentó el DHS.
Al explicar su voto de disensión, la jueza Sonia Sotomayor afirmó que “la decisión del Tribunal Supremo hoy no resguarda ese principio fundamental” de la libertad religiosa sobre el que se fundó EEUU.
En su opinión, respaldada por la jueza Ruth Bader Ginsburg, Sotomayor dijo que aunque se haya anulado el dictamen de “Korematsu”, la mayoría del Tribunal Supremo “se hizo de la vista gorda al dolor y sufrimiento” que la medida causa, presuntamente en aras de la seguridad nacional, “a un sinnúmero de familias e individuos”.
El juez Stephen G. Breyer y la jueza Elena Kagan emitieron una segunda opinión de rechazo, al cuestionar que la Administración pueda aplicar con eficacia la política actual, mientras que el juez Anthony Kennedy destacó por separado la “urgente necesitad” de respetar la tolerancia religiosa.
El Tribunal Supremo escuchó los argumentos a favor y en contra de la polémica práctica en abril pasado, en una audiencia en la que los jueces conservadores enviaron señales de apoyo hacia la política adoptada por la Administración Trump.
Los tribunales de menor instancia habían bloqueado la puesta en marcha de las restricciones, pero en diciembre pasado el Tribunal Supremo les dio luz verde mientras el litigio proseguía en las cortes.
Al emitir su dictamen, uno de los más significativos sobre la política migratoria de la Administración Trump, los magistrados dijeron que los demandantes no lograron demostrar que la política en disputa viola las leyes migratorias o la Primera Enmienda de la Constitución, que prohíbe la discriminación con base a la religión.
En enero de 2017, la primera versión de la “veda musulmana” generó caos y protestas en aeropuertos nacionales, debido a que a Administración impidió el ingreso al país a decenas personas y otras enfrentarían la deportación. De inmediato, activistas y abogados se movilizaron para frenar la práctica e interpusieron demandas judiciales hasta llegar al Supremo.
Líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso, entre éstos Keith Ellison, el primer musulmán elegido al Legislativo, y activistas de grupos cívicos y defensores de los inmigrantes, calificaron la veda musulmana como una medida discriminatoria y anticonstitucional, y también la condenaron desde las escalinatas de la corte y en sendos comunicados y ruedas de prensa.
Fuente: La Opinión/ Periodista María Peña
