El gobierno de Donald Trump está evaluando endurecer el acceso a la residencia permanente para los extranjeros que viven en Estados Unidos y hayan recibido ciertos beneficios públicos como asistencia alimentaria, en una medida que restringiría fuertemente la inmigración legal en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional ha delineado una propuesta de nuevas normativas, a la que Reuters tuvo acceso, que permitiría a los funcionarios de inmigración controlar el potencial uso de los extranjeros de ciertos beneficios estatales financiados por los contribuyentes, para determinar si podrían implicar una carga pública.
Por ejemplo, las autoridades estadounidenses podrían chequear si el solicitante de la residencia permanente ha inscrito a un hijo en programas preescolares del Gobierno o recibido subsidios en tarifas de servicios públicos y/o descuentos en la cobertura de salud.
El borrador de la normativa es una drástica modificación respecto de los lineamientos actuales, que han estado vigentes por casi dos décadas y prohíben explícitamente a las autoridades evaluar esos beneficios, que no implican la entrega directa de efectivo para decidir si un extranjero en Estados Unidos puede convertirse en residente del país.
"Los no-ciudadanos que reciben beneficios públicos no son autosuficientes y están dependiendo del Gobierno de Estados Unidos y de entidades estatales y locales para obtener recursos, en lugar de sus familias, patrocinadores u organizaciones privadas", indica el documento.
"La recepción de beneficios públicos por parte de un extranjero es a expensas de un contribuyente y la disponibilidad de beneficios públicos implicaría un incentivo para los extranjeros para migrar a Estados Unidos", agrega el texto, que sostiene que haber recibido esos beneficios podría ser perjudicial para un aplicante.
En 2016, unas 383.000 personas que serían sujeto de estas reglas obtuvieron el permiso de residencia definitiva estando en Estados Unidos.
Estas nuevas condiciones no aplicarían a quienes tienen residencia definitiva y postulan a la ciudadanía, pero sí a un amplio rango de personas que viven o trabajan en Estados Unidos, incluyendo a familiares cercanos de ciudadanos estadounidenses y trabajadores empleados por empresas locales.
Un portavoz de los Servicios de Inmigración, la agencia responsable de implementar las regulaciones, se negó a comentar una regla que está bajo consideración. El proyecto todavía no fue aprobado.
Las guías actuales instruyen a los funcionarios de inmigración a prestar atención a un rango menor de beneficios públicos para tratar de determinar si alguien puede convertirse en una carga, y da directivas específicas para no considerar la mayoría de los beneficios no-económicos como los programas oficiales de asistencia alimentaria o escolares.
Las nuevas reglas, en caso de ser adoptadas, cambiarían significativamente esas guías. En el formato que está siendo estudiado, una persona sería considerada una "carga pública" si depende de "cualquier asistencia gubernamental ya sea en dinero, cheque u otra forma de transferencia, o de instrumentos o asistencia no-económica", de acuerdo al documento.
Fuente: Agencia Reuters
