La decisión del presidente Trump de reconocer la capitalidad de Jerusalén y de trasladar allí su embajada ha puesto una enorme roca en el camino de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina, que el propio mandatario había encargado encarrilar a su yerno, Jared Kushner, judío ortodoxo, que está casado con su hija Ivanka Trump.
A pesar de su escasa experiencia diplomática –su trayectoria está vinculada con el sector inmobiliario–, Kushner, de 36 años, se ha convertido en el principal asesor del presidente, desplazando en la toma de decisiones al secretario de Estado, Rex Tillerson.
Su papel de negociador choca, sin embargo, con otra de sus facetas: la de benefactor de asentamientos israelíes, considerados por la comunidad internacional como ilegales. Kushner codirigió, hasta enero de 2017, la Fundación Charles y Seryl Kushner, que durante años ha donado decenas de miles de dólares para proyectos relacionados con los asentamientos en Cisjordania, como el de Beit El. Asentamientos que la ONU volvió a condenar en una resolución aprobada el pasado mes de diciembre en la que instó a ponerles fin. Entonces EE.UU. dio la sorpresa al abstenerse en la votación (fue una de las últimas decisiones de Barack Obama) y no utilizar su derecho de veto.
Semanas después, la revista «Newsweek» reveló que Kushner habría intentado influir para que el Consejo de Seguridad rechazara dicha resolución. Asimismo señaló que el yerno de Trump había omitido información a la Oficina de Ética del Gobierno de EE.UU. sobre su vinculación con la Fundación Kushner. Luego afirmó que se había retirado de la fundación en 2015, dato que volvió a corregir. Con ese «error» habría intentado evitar la incompatibilidad con su nuevo puesto de negociador de paz.
El Gobierno de EE.UU, así como el de Israel, también se habrían opuesto a la publicación de una «lista negra» que está confeccionando la ONU con las empresas que trabajan en los asentamientos ilegales. Habrá que esperar para ver quién aparece en ella.
