Los gobiernos locales pueden seguir usando las cámaras en los semáforos para multar a los infractores, falló el jueves por unanimidad la Corte Suprema de la Florida, que solucionó así decisiones conflictivas de tribunales inferiores sobre cómo podían usarse esos dispositivos para multar infracciones del tránsito.
La decisión del tribunal de confirmar una ley estatal del 2010 que permite a los gobiernos locales usar las cámaras se originó en una multa impuesta al Luis Torres Jiménez, quien demandó a la ciudad de Aventura alegando que la ciudad había cedido demasiada autoridad al permitir que el suministrador de las cámaras de semáforos revisara las imagenes para encontrar a posibles infractores.
Los abogados reconocieron que Jiménez había cometido una infracción del tráfico al hacer una derecha ilegal en una luz roja, pero alegaron que permitir a American Traffic Solutions, el suministrador de la cámara, revisar inicialmente las imágenes antes enviarlas a la Policía creaba un "filtro inconstitucional"que cedía demasiada autoridad a una tecera parte.
Un juez de Miami-Dade había desestimado la multa, después que un tribunal estatal de apelaciones falló en el 2014 que otro programa de cámaras en los semáforos en Hollywood era inconstitucional porque las cámaras delegaban demasiada autoridad de supervisión al suministrdor de los equipos.
Pero el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito determinó que el uso de las cámaras por parte de Aventura estaba dentro de lo establecido por la ley en el 2016, y la Corte Suprema estatal, que escuchó los argumentos del caso en febrero del 2018, concordói. Los magistrados indicaron que los suministradores privados pueden revisar las imágenes mientras que la decisión de multar a los conductores quede en manos del la ciudad.
El proyecto de ley la Legislatura "permitía al agente de un gobierno local revisar la información de las cámaras para cualquier propósito, excepto determinar la causa probable de si se cometió o no una infracción", escribió la magistrada Barbara Pariente en una opinión apoyada por la magistrada Peggy Quince y el presidente del tribunal, Jorge Labarga. "Queda claro que la Legislatura contempló que el agente conduciría una revisión inicial de las fotos, video, o las dos cosas, antes que un agente policial determine si existe causa probable".
Cada multa por llevarse la luz roja cuesta $158 y no va al historial del conductor a menos que no se pague a los 60 días de recibir la notificación. Pero el caso tiene implicaciones más amplias para el resto del estado, donde las cámaras en los semáforos han sido una fuente de controversia.
Algunos legisladores estatales han tratado desde la ley del 2010 de eliminar el uso de esos dispositivos. Una propuesta de ley de este año, presentada por los representantes estatales Bryan Avila, republicano por Hialeah, y Blaise Ingoglia, republiano por Spring Hill, contemplaba eliminar los dispositivos para mediados del 2021, pero la propuesta no llego a ser aprobada en la primera comisión del Senado después de aprobarse en la Cámara. Avila presentó una iniciativa similar el año pasado que también pereció en el Senado.
Los que apoyan las cámaras han dicho que mejora la seguridad en el tráfico, pero los críticos dicen que las cámaras y las multas que generan se han convertido fundamentalmente en una fuente de ingresos para los suministradores y los gobiernos locales. Según un estudio , se calcula que las multas por las cámaras generan unos $77 millones anuales, y que aproxdimadamente 58 por ciento va al estado.
En diciembre, los comisionados de Miami aprobaron eliminar el programa en la ciudad, citando preocupaciones sobre el costo financiero de vecinos de bajos recursos. Pero varias otras ciudades en Miami-Dade y el resto del estado han seguido usándolas para monitorear el tráfico, como Tampa, y otras, como Pembroke Pines y Boynton Beach, reanudaron sus programas el año pasado.
Fuente: El Nuevo Herald.com
