El número muertos que han dejado las protestas en Nicaragua tras una polémica reforma al seguro social que el gobierno se vio obligado a derogar se incrementó este jueves a 63, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado sobre la cifra.
El director de la CPDH informó en rueda de prensa que las protestas que además de los fallecidos tienen registro de al menos 15 personas desaparecidas.
"Lo que se dio es una masacre contra los estudiantes, contra el pueblo de Nicaragua", afirmó Carmona, quien agregó que la cifra se alcanzó después de cotejar informes con sus delegaciones en los departamentos de todo el país.
“Hasta ayer al caer la noche, la cifra de muertos que se manejaba en Nicaragua era de 39, pero nos quedamos cotejando y hoy la CPDH afirma que son 63 los fallecidos porque hemos visto nombre por nombre”, sostuvo.
La CPDH además contabiliza a más 160 personas heridas por bala. De estas, se afirmó, nueve perdieron uno de los ojos y hay dos que han quedado paralíticas. Carmona añadió que la CPDH recorrerá los hospitales para conocer si hay más muertos o heridos a causa de las protestas.
El gobierno de Nicaragua no ha brindado cifras de muertes por las revueltas desde el lunes, cuando su número se ubicaba en 12. No obstante, en los medios de comunicación y redes sociales circulan videos de velatorios en diferentes partes del país de personas que al parecer estaban enlistados como desaparecidos y luego aparecieron muertos en hospitales públicos.
A su vez, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, organismo no gubernamental, informó que ha recibido denuncias de parientes de víctimas de las protestas que han sido obligados a firmar cartas en las que prometían no hacer denuncias para que les pudieran entregar los cuerpos.
De acuerdo a esto, se habrían entregado los cuerpos “bajo amenaza de que por cualquier cosa, en cualquier momento, los pueden llegar a traer”.
También el jueves, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos denunció al presidente Daniel Ortega, a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y a altos mandos policiales encabezados por la jefa policial, comisionada Aminta Granera, por genocidio.
Las manifestaciones comenzaron la semana pasada tras una polémica reforma al Seguro Social que aprobó Ortega. Debido a esto, aumentarían las cotizaciones obreras y patronales y los jubilados tendrían que contribuir con 5% del monto que reciben como pensión de retiro.
Las protestas provocaron que Ortega revocara la reforma y aceptara sentarse a un diálogo en el que participarán el Estado, empresarios, trabajadores y estudiantes con la iglesia Católica como mediador y testigo.
El cardenal Leopoldo Brenes dijo que ser parte del diálogo es "arriesgado" por el malestar que hay entre los nicaragüenses pero que no queda más remedio que buscar un acercamiento para buscar la estabilidad del país.
Fuente: Agencia AP
