El presidente, Donald Trump, prometió durante la campaña electoral que todos los indocumentados capturados serían encarcelados hasta poder ser deportados. Quería poner así fin a la política de catch and release, que permite a estos inmigrantes permanecer en libertad hasta que su solicitud de asilo es examinada por una corte, algo que, con el atasco actual, puede llevar años; según Trump, cuando al fin llega el día, los inmigrantes renuncian a presentarse ante el juez y siguen en la clandestinidad.
Trump incumplió su promesa.
La semana pasada, el presidente firmó un memorándum en el que hacía la misma promesa. Probablemente quedará incumplida de nuevo, por el mismo motivo que hace un año: “No porque crean que deben liberarlos, sino porque en este momento no hay suficientes camas”, explicaba en julio Kevin Appleby, director del Centro para Estudios de Migración, a la agencia de noticias Reuters.
Trump ha conseguido sólo 1,600 millones del Congreso para reforzar la vigilancia en la frontera, que planea destinar a construir o reforzar 100 millas de muro. No logró así los 25,000 millones que solicitaba para levantar una nueva barrera a lo largo de la próxima década.
De igual forma, obtuvo fondos para incrementar en 5,300 camas los centros de detención para indocumentados, menos de la mitad de lo que había solicitado. Esperaba pasar de las 34,000 camas actuales a 45,700, pero se quedará en 39,324, según ha informado Reuters.
Insuficiente en cualquier caso para hacer frente a la llegada de indocumentados: sólo el pasado marzo llegaron 50,000.
En los 15 meses que lleva Trump en la Casa Blanca, las autoridades migratorias han liberado a 100,000 inmigrantes capturados en la frontera de México, según informa el diario The Washington Post. Pero esta cifra se refiere sólo a menores sin acompañantes (37,500) y miembros de familias (61,000). No incluye el resto de inmigrantes que pudieron ser dejados en libertad por falta de camas.
En el caso de las familias y los menores, decisiones judiciales obligan a las autoridades migratorias a dejarlos en libertad apenas unas horas después de haber sido detenidos. La Casa Blanca está impulsando un cambio legislativo en el Congreso para cambiar esas normas.
“Sólo podemos detener a familias por menos de 20 días”, se han lamentado altos oficiales del Gobierno, y en ese plazo les resulta imposible, añaden, conseguir una orden de deportación. En el caso de los menores sin acompañantes, si provienen de México o Canadá, es decir, de países contiguos, y no son víctimas de trata o tienen un miedo creíble a regresar, pueden ser devuelto sin más. Pero si proceden de otros países (por ejemplo, son centroamericanos), no pueden ser detenidos más de tres días.
Lo que la Casa Blanca desea es que todos los menores, independientemente de dónde provengan, sean tratados igual que los mexicanos y canadienses. Y que los plazos para mantener a niños y familias bajo custodia sean mayores. “¿Por qué no habrían de venir?”, se preguntaban dichas fuentes, “hemos pedido cambios [legales] para poder hacer nuestro trabajo, no podemos tener las manos atadas sobre a quién detenemos y por cuánto tiempo”.
Fuente: Telemundo.com
