Activistas de la comunidad inmigrante presionaron hoy a la Administración Trump a que otorgue una extensión de 18 meses del programa de “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para unos 50,000 hondureños, y pidieron que el Congreso apruebe una ley que legalice a todos los inmigrantes indocumentados amparados al programa migratorio.
Desde que el presidente Donald Trump asumió el poder el año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a desmantelar el TPS para poco más de 320,000 inmigrantes indocumentados que, como gesto humanitario, recibieron protección de la deportación por previas administraciones.
El pasado 6 de noviembre pasado, el DHS anunció el fin del TPS para unos 5,300 nicaragüenses pero con una demora hasta el 5 de enero de 2019 para propiciar una salida “ordenada”. En esa ocasión, también dijo que continuaría evaluando la situación en Honduras y dio una prórroga hasta el próximo 5 de julio antes de emitir su decisión final. Por reglamento, el DHS debe anunciar esa decisión 60 días antes de que venza ese plazo y se publique en el diario oficial del gobierno (Federal Register), a más tardar el próximo 4 de mayo.
Un grupo de alrededor de 40 activistas realizó una vigilia frente a la Casa Blanca y, debido a la lluvia, postergó la rueda de prensa hasta horas de la tarde en el Capitolio, donde visitaron unas 50 oficinas de legisladores.
“La Administración dio una prórroga de 18 meses para los haitianos y salvadoreños, y un año para los nicaragüenses. Queremos que le dé una prórroga de 18 meses para los hondureños, y que el Congreso siga negociando una solución permanente”, explicó a este diario Francisco Portillo, representante de la organización hondureña “Francisco Morazán”, de Miami (Florida).
“Creemos que el Congreso puede encontrar una avenida para legalizar a los ´tepesianos´, está más que comprobado que los inmigrantes contribuyen a este país, y quitarles el TPS sería ponerlos derechito a la vía de deportación. Pero Centroamérica no está lista para recibirlos”, enfatizó Portillo.
Junto a otros activistas de las comunidades salvadoreña y nicaragüense, Portillo entregó una carta a los legisladores explicando la urgencia de legalizar a los “tepesianos”.
Portillo no pierde las esperanzas porque, según indicó, la semana pasada el legislador republicano por Florida, Mario Díaz Balart, le dijo a su grupo que él ha estado presionando a la Casa Blanca para encontrar una solución consensuada con el Congreso.
La portavoz de Díaz Balart, Katrina Bishop, dijo hoy a este diario que el legislador “continúa el diálogo y su labor con sus colegas del Congreso y la Administración sobre la urgente necesidad de resolver tanto el TPS como DACA”.
Existen varios proyectos de ley en el Legislativo para legalizar a los “tepesianos”, pero hasta ahora ninguna ha recibido fecha de voto.
El arzobispo de Miami, Thomas Gerard Wenski, publicó una carta de opinión en el diario “Tallahassee Democrat”, en la que destacó la obligación moral de EEUU de ayudar a los amparados al TPS, tomando en cuenta, por ejemplo, la situación “invivible” en el Salvador.
“La realidad en El Salvador es una que es dolorosa. Atrapados entre la pobreza, la violencia de las pandillas y el crimen organizado, el país es uno de los más violentos del mundo”, advirtió Wenski, al subrayar que deportar a los “tepesianos” salvadoreños es una decisión equivocada y “cruel”.
Wenski dijo que encabezará una delegación de líderes católicos esta semana a Washington, para urgir a los legisladores a que encuentren una solución legislativa permanente que proteja a los “tepesianos” y sus familias.
“Como pastores de una Iglesia unida, no podemos permanecer callados en medio del drama y el pánico que se abre ante estas familias”, puntualizó.
El miércoles pasado, el cardenal salvadoreño, Gregoria Rosa Chávez, también encabezó una delegación de obispos de su país con el mismo reclamo.
Fuente: La Opinión/ Periodista María Peña
