Ricos y pobres. Rápidos y lentos. La era de la neutralidad en la red ha tocado hoy a su fin en Estados Unidos. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en su siglas inglesas), bajo control republicano, ha aprobado por tres votos contra dos la retirada de las medidas establecidas en 2015 con Barack Obama para blindar la equidad en internet. Frente a una red entendida como “bien público”, donde los proveedores del servicio están obligados a tratar por igual todos los datos sin importar su origen, tipo y destino, se va a imponer un sistema que permite diferentes velocidades en función del pago y de los intereses de los operadores. Un triunfo del liberalismo, una derrota de las grandes tecnológicas y, como mínimo, una incógnita para el consumidor.
El cambio, presentado como “una victoria de la libertad”, ha llegado de la mano de los grandes proveedores. Gigantes de las telecomunicaciones como Comcast, AT&T o Verizon se han aliado con la Administración de Donald Trump para romper el dique legal que evitaba precisamente que esas empresas acabasen imponiendo sus dictados en el tráfico y los contenidos de la red. Bajo el sistema aprobado en la era de Barack Obama, el operador debía ofrecer siempre el mismo trato. Se le impedía bloquear el acceso a páginas web, lentificar la conexión o acelerarla bajo pago. El criterio era la equidad. Evitar la discriminación. Salvaguardar la neutralidad del sistema nervioso del conocimiento mundial. Todo ello se ha venido hoy abajo.
Las consecuencias de esta desregulación pueden ser profundas. “La neutralidad en la red garantizaba la competitividad darwiniana entre todos los posibles usos de Internet de forma que sobreviviesen los mejores”, ha escrito Tim Wu, el profesor de la Universidad de Columbia que acuñó el concepto. Derribado este blindaje, otra etapa evolutiva da comienzo. El operador, que hasta ahora no podía interferir en el tráfico de su autopista, ya puede crear carriles rápidos, lentos o directamente denegar la entrada.
